Feria, R. & Feria, V. (2022). Análisis de las políticas educativas en el plan nacional de desarrollo “Plan toda una vida” 2017-2021. Convergence Tech Revista Científica. 6(1), 28 -35.

El presente trabajo toma como objeto de estudio al Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Toda una Vida” 2017-2021, este plan traza las políticas públicas de accionar del gobierno de Ecuador para ese periodo; en el mismo documento se incluye los lineamientos de política pública del campo educativo, además de otros ejes como los de productividad, ambiente y desarrollo.

En el análisis integral del documento, una de las cosas que más llama la atención, es que, siendo la educación un pilar fundamental para el desarrollo del país, no se plantea una política estructurada para el Sistema Educativo.

La política pública en Ecuador, en la actualidad se desarrolla mediante el “Plan Toda una Vida”, este documento macro plantea tres ejes: i) Derecho para todos durante toda la vida, ii) Economía al servicio de la sociedad, y iii) Más sociedad, mejor Estado. En el primer eje: se plantea los siguientes objetivos:

• 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
• 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades.
• 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.

De lo identificado, el objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas; plantea 13 puntos de trabajo:

• 1. Salud inclusiva y preventiva.
• 2. Calidad de vida para las personas de la tercera edad.
• 3. Acceso a vivienda, servicios básicos y espacios públicos.
• 4. Priorización de mano de obra local y creación de fuentes de empleo, apoyando el emprendimiento.
• 5. Facilidades de acceso a todos los niveles de educación.
• 6. Violencia intrafamiliar, eliminación del femicidio.
• 7. Gestión integral de riesgos.
• 8. Defensa de los derechos del consumidor
• 9. Acceso a TICS por parte de la población.
• 10. Participación de pueblos y nacionalidades.
• 11. Acceso al empleo.
• 12. Promoción de los saberes ancestrales.
• 13. Uso de fuentes de energía renovable.

De lo señalado, se puede evidenciar que el único acápite que hace referencia a políticas públicas de educación es el numeral 5: “Facilidades de acceso a todos los niveles de educación”; y a lo largo del Plan Toda una Vida, no se presenta el desarrollo (planes, programas y proyectos) de dicha propuesta.

En la actualidad en Ecuador, existen varias estrategias nacionales de política pública como: la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025, la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030, la Estrategia Nacional de Comunicación 2013, entre otros planes de menor jerarquía como la Estrategia Nacional de Salud Pública para el VIH/Sida-ITS, el Plan Estratégico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2007-2022

Como se puede observar, por la temporalidad de los instrumentos de política pública citados, estos fueron desarrollados en el gobierno de Rafael Correa, y obedecen a los planes: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Sin embargo, tanto en los dos periodos presidenciales de Rafael Correa, como en el periodo de Lenin Moreno, no se han planteado estrategias nacionales para los sectores de: salud, educación, productividad, entre otros. En tal sentido, no existe una política pública específica para el desarrollo del Sistema Educativo, y dicho objetivo en el actual PND no se presenta como uno de sus principales ejes. Sin perjuicio de lo mencionado, este trabajo analizará el desarrollo del Sistema Educativo en Ecuador a partir de lo propuesto en el Plan Toda una Vida y del numeral cinco: Facilidades de acceso a todos los niveles de educación, del eje 1 del primer objetivo.

Verificar cual ha sido el nivel de cumplimiento de la línea de trabajo: “Facilidades de acceso a todos los niveles de educación” planteada en el PND, en base a la información oficial del gobierno ecuatoriano. Esto con la finalidad de identificar cuáles han sido sus ejes de acción en el campo educativo, así como identificar cuáles han sido sus falencias. Desde esta perspectiva, se planteará los principales ejes que se debería trabajar en las políticas públicas de educación en Ecuador.

En este contexto, el Sistema Educativo al ser una pieza angular en el desarrollo de la sociedad, los principales actores son el gobierno y todo su engranaje institucional (docentes y administrativos); la sociedad a través de los padres de familia y los estudiantes; y, por último pero no menos importante, la academia. Es, desde este último peldaño, que este trabajo pretende vislumbrar las acciones de la política pública de educación en Ecuador; para lo cual, desde el trabajo docente y la experiencia académica, se propondrá algunos ejes en los cuales la educación debe innovar y mejorar sus sistemas.

Según la definición dada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Sistema Nacional de Educación (SNE) “comprende todas las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los actores del proceso educativo” (INEVAL, 2018). Por lo que se puede evidenciar que actores como: padres de familia, docentes y estudiantes, son solo ejecutores de lo establecido por el Estado. Es así, que el Sistema Educativo a nivel general, ha sido creado para conservar y fortalecer los estados; como lo reafirma Inés Dussel “la pedagogía se considera como un saber que se transmite al docente para aplicarlo en las prácticas con sus alumnos con el propósito de que cumplan al pie de la letra con lo que se les propone, modelando y formando seres a medida” (en Caruso, 1999).

Por otra parte, la académica, no está estrechamente involucrada en lo que incumbe al Sistema Educativo en Ecuador; debido a que las leyes son emitidas por la Asamblea Nacional de Ecuador1 (ANE). De igual forma, la participación de la academia en la elaboración de políticas públicas educativas es nula, debido a que el Estado en general no la involucra; y si lo hace, es de forma esquiva. Un ejemplo claro de lo mencionado, es que la Universidad Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador (UASB-E), recibió en el año de 1996 el encargo de preparar un Programa de Reforma Curricular de Bachillerato por parte del Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Educación. La UASB-E, recibió dicho encargo, y trabajó con 206 instituciones educativas públicas y privadas voluntarias; formando un currículo y programas para todas las asignaturas, con un programa de capacitación para 10.000 docentes; editando los textos y manuales para su aplicación (UASB-E, 2011).

Luego de 16 años de trabajo, el Ministerio de Educación de Ecuador publicó el documento “El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano”, en el cual la Universidad Andina Simón Bolívar no participó, ni ninguna otra universidad del país. En enero del 2011, la UASB-E realiza un análisis del documento “El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano”, cita textualmente:

La propuesta atiende una necesidad nacional y tiene varios aspectos positivos, recogen experiencias ya realizadas. Pero tiene graves limitaciones en sus planteamientos y su concreción curricular. El diseño del contenido de las asignaturas es extremadamente deficiente y, en algunos casos, incorrecto, alejado de una educación democrática, nacionalista y progresista

Se señala también que este documento tiene un marcado sesgo instrumental, sin considerar en el ser humano su carácter social e histórico; con un excesivo peso individual, es positivista, conservador y fragmentado. Añade que “El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano” carece de base pedagógica, sin producir equidad, ni inclusión social y promoviendo la estandarización. A pesar de las críticas de la UASB-E; y de la oposición de muchos docentes del país, que salieron a manifestarse en contra de dicha propuesta en el año 2011. Este instrumento fue implantado y rige hasta la actualidad (UASB-E, 2011).

Para analizar las “Facilidades de acceso a todos los niveles de ecuación” planteada el PDN, se parte de lo expuesto en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, dónde se considera a la educación como un derecho para todas las personas y una obligación del Estado, con acceso universal, prevaleciendo la calidad, excelencia y su absoluta gratuidad. Establece que la educación es una prioridad del Estado dentro de la política pública y de la inversión gubernamental, favoreciendo a los ciudadanos, y no a intereses particulares (Art: 26, 27, 348 y 356). Así el Estado ecuatoriano creó la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que entró en vigor el 31 de marzo de 2011; y su Reglamento, con vigencia desde el 26 de julio de 2012.

Lastimosamente, el presupuesto general del Estado se ha invertido mayoritariamente en el pago de deuda externa, quebrantando lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que en su artículo 26 expone que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir…”. Lo cual evidencia el incumplimiento de lo establecido en la Carta Magna, dejando a un lado a las políticas públicas de educación, debido a que se realiza un mal manejo de la economía, y no se prioriza la deuda interna (social: salud, educación, empleo, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda) de forma adecuada.

En la Ilustración N°1, se puede observar que el presupuesto para educación inicial, básica y bachillerato el año 2018 era de 5.718,5 (millones de dólares); para el año 2019 es de 4.102,35 (millones de dólares), (ANE, 2018); mientras que para el año 2020 (Tabla N°1) este es de 4.273,31; evidenciándose una disminución de 1616,15 (millones de dorares) entre 2018 – 2019, y un leve incremento de 170,96 (millones de dólares) entre el 2019- 2020. Esta fluctuación del presupuesto en educación, provoca la reducción de cupos para el ingreso de estudiantes en todos los niveles de educación, especialmente en las zonas rurales del país.

Otro aspecto que se debe considerar, es que según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Octava de la Constitución de la República del Ecuador, estipula que: “El Estado asignará de forma progresiva, de los recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto”, cosa que no ha sucedido, y en vez de realizar lo dispuesto en la Carta Magna, el Estado ecuatoriano hace todo lo contrario (cotéjese la Ilustración N°1 con la Tabla N°1).

or lo cual, es importante contrarrestar lo citado anteriormente con lo expuesto en el informe del INEVAL 2017-2018, mismo que señala que “la calidad de la educación es significativamente más importante para el crecimiento económico que la cantidad. Esto lleva a concluir que no se puede contemplar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, sin monitorear, evaluar y mejorar la calidad del Sistema Educativo” (INEVAL, 2018). Esto significa que el presupuesto invertido en educación no es un indicador de calidad, por lo que, si nos remitimos a lo expuesto en el análisis realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, sobre el “El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano”, se está reproduciendo un sistema de educación carente de una pedagógica idónea, inequitativo, excluyente, y completamente estandarizado, el cual desconoce los contextos históricos, y las realidades sociales y económicas de cada región del país.

Retomando lo expuesto en el “Plan toda una vida” sobre las “Facilidades de acceso a todos los niveles de educación”, las políticas públicas deben ser inclusivas, participativas y pertinentes, según la realidad social de los territorios. Por lo que se debe considerar la implementación de otras modalidades para el bachillerato y la educación superior; en especial la educación técnica y tecnológica; considerándola como de tercer nivel, fomentando la vinculación al mundo laboral (Consejo Nacional de Planificación, 2017); esto se evidenció en la aprobación de la Ley de Educación Superior del 2018, donde se otorgó a los institutos técnicos y tecnológicos como educación universitaria.

En la Ilustración N° 2, se observa que para el 2017 el 96% de la población en edad escolar está dentro del sistema de Educación General Básica (EGB), existiendo un 4% de niños y niñas en edades de 5 a 15 años que no asisten al sistema escolar, a pesar de ser obligatorio; evidenciándose que el Sistema Educativo no es totalmente inclusivo, sumándose otras problemáticas de índole social. En la ilustración también se evidencia que el Bachillerato General Unificado (BGU) abarca al 70,8% de jóvenes entre 15 a 18 años, mientras el 29,2% de los jóvenes de estas edades se encuentran fuera del sistema de escolaridad del bachillerato.

En el caso del acceso a la educación superior existe un factor trascendental que incide en los índices de ingreso a las universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos, y este es la prueba “Ser bachiller2”; pruebas que están a cargo del INEVAL, prueba que se caracteriza por estar estructurada por contenidos de evaluación estandarizados, hecho que invisibiliza la diversidad de carreras universitarias; además, no considera lo expuesto por el Consejo Nacional de Planificación (CNP), que exhorta a que se debe buscar siempre la calidad educativa, sin limitarse únicamente a las evaluaciones estandarizadas, buscando un aprendizaje más amplio y crítico con el fin de contribuir a la generación de conocimientos, impulsando las destrezas y talentos. (CNP, 2017).

Se afirma tácitamente en el Plan toda una Vida que la educación no debe valorarse únicamente con pruebas estandarizadas, y que se debe impulsar las destrezas y los talentos de los estudiantes. Sin embargo, ya en la práctica, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa reporta que la asistencia de los estudiantes de tercer año de bachillerato presenta mayores porcentajes de asistencia a las pruebas Ser bachiller, en relación a los jóvenes bachilleres graduados; por otro lado, los resultados de las pruebas en su mayoría reflejan un nivel de conocimiento apenas elemental con un 43,9% en promedio, solo para las Regiones Sierra y Costa para los dos años lectivos (2016-2017 y 2017-2018), mientras los niveles de excelencia se promedian apenas en 1,4% para el mismo periodo; de estos resultados se puede observar que para el periodo 2017-2018 los resultados de excelencia fueron superiores al año lectivo 2016-2017, mostrando un mejor nivel en la Región Sierra.

La prueba “Ser bachiller” maneja contenidos que están dentro del currículo de los colegios; empero, como pudimos observar en la tabla precedente, los resultados son deficientes. Cosa que ha generado un fenómeno interesante, que es la creación de un sin número de pre universitarios, institutos de carácter privado, los cuales “preparan” a los estudiantes para que puedan acceder a la educación superior. De allí, se plantea la interrogante ¿por qué se necesitan estos institutos?, si se supone que los conocimientos son impartidos adecuadamente en el Bachillerato General Unificado, o es que, ¿las acusaciones al “Nuevo Bachillerato” son ciertas?

Es importante señalar que, según lo establecido en el Acuerdo N° 030 de 2019 emitido por la SENESCYT, establece en el Capítulo IV, artículo 35, que el puntaje de acceso a la educación superior estará integrado por el puntaje de la prueba de evaluación Ser Bachiller con un valor del 85%; y por los antecedentes académicos, cuyo valor es apenas del 15%; y en el caso que corresponda a puntajes adicionales por acciones afirmativas. Evidenciando que solo aquellos estudiantes que obtengan un alto porcentaje en la prueba tendrán más posibilidad de acceso a las universidades estatales; oponiéndose a lo establecido en el Plan Nacional de Toda Una Vida “Facilidades de acceso a todos los niveles de educación”, pues dichas facilidades no existen... Dejando por fuera del ingreso a las universidades a un 69% (Tabla N°23) de los estudiantes que aplicaron a estos exámenes con la esperanza de obtener un cupo de ingreso.

Sí se toma como referencia que el puntaje necesario para el ingreso a las carreras tradicionales en la Universidad Central del Ecuador, como: Medicina, la cual oferta 250 cupos, dónde se requiere un puntaje de acceso de 988 a 1000 puntos. En Derecho se oferta 300 cupos, necesitándose un puntaje de entre 851 a 990 puntos. Mientras que en Administración de Empresas la oferta es de 300 cupos, requiriéndose un puntaje de entre 862 a 970 puntos. En Enfermería oferta apenas 100 cupos, requiriendo un puntaje de acceso de 976 a 987 puntos; en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte se ofertan 120 cupos, requiriéndose un puntaje entre 901 a 990 puntos.

En cuanto, a las carreras técnicas tomaremos como ejemplo al Instituto Superior Tecnológico Central Técnico, en dónde se oferta otra índole de profesiones, y en cada una se ofertan apenas 50 cupos, y los puntajes de acceso son los siguientes: para Tecnología Superior en Mecánica Automotriz, se requiere un puntaje de entre 895 a 940 puntos; en Tecnología Superior en Electrónica el puntaje requerido es de 919 a 928 puntos; y, en Tecnología Superior en Electricidad el puntaje requerido es de 717 a 971 puntos (Educación Ecuador, 2020). Como vemos en los datos estadísticos señalados, el acceso a la educación superior para los jóvenes ecuatorianos, es algo que está al alcance de unos pocos

A nivel de políticas públicas, Ecuador no cuenta con una estrategia nacional de educación, la cual planifique de forma articulada y acorde a las demandas actuales, un verdadero “sistema” educativo, el cual sea funcional, de alta calidad y con estándares idóneos. Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador (Art. 22 y 28) establece como prioridad del Estado el asignar un presupuesto para el acceso universal a la educación, el cual debe ser progresivo con incrementos anuales de al menos el 0,5% del PIB, tanto para la educación inicial básica y el bachillerato, hasta conseguir un incremento del 6% del Producto Interno Bruto. Lastimosamente esto no pasa de ser una simple aspiración del “deber ser” de un Estado, en tanto que la planificación y lo dispuesto en la ley se cumple a cuentagotas.

Existe una contradicción entre el accionar del sistema educativo y el principal instrumento de política pública de Ecuador; en cuanto, el Plan Toda Una Vida recalca que la educación no se debe basar únicamente en pruebas estandarizadas; sin embargo, el ingreso a las universidades e institutos de educación superior dependen en un 85% de una prueba estandarizada, conocida con el nombre de Ser Bachiller, misma que deja fuera del sistema de educación superior a un 69% de estudiantes que rinden esta prueba.

Un fenómeno interesante que arrojó la existencia de la prueba “Ser bachiller”, fue la creación de institutos pre universitarios de carácter privado por doquier, mismos que tienen por finalidad el lucro, que mediante métodos heterodoxos preparan a estudiantes que aspiran acceder al sistema de educación superior. A pesar de que las pruebas “Ser bachiller” manejan contenidos del currículo de los colegios, los resultados de estas pruebas son altamente deficientes. Siendo necesario, plantearse las siguientes interrogantes: ¿por qué se necesitan estos institutos?, si se supone que los conocimientos son impartidos adecuadamente en el Bachillerato General Unificado, o es que, ¿las acusaciones al “Nuevo Bachillerato” son ciertas? De ser así, el estudio realizado por la UASB-E en 2011, sobre que el Nuevo Bachillerato posee graves limitaciones y deficiencias en el diseño y contenido de asignaturas, señalando, además, que posee un sesgo instrumental, el cual no considera al ser humano en su contexto histórico y social; mismo que carece de base pedagógica, siendo inequitativo, exclusivo y estandarizado; vendrían a ser cierto.

Considerando lo expuesto, es imprescindible la creación de una Estrategia Nacional de Educación en Ecuador; la cual debe ser construida desde todos los sectores de la sociedad, y no únicamente desde el Estado. De no existir un puente visible entre gobierno y ciudadanía, simplemente las políticas públicas vendrían a ser instrumentos unilaterales que no responden a las realidades y contextos sociales, económicos e históricos de un país.

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